Tarello Institute for Legal Philosophy

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Il giorno 28 aprile, alle ore 11, il prof. Diego Papayannis, dell’Universidad de Girona, terrà un seminario sul tema: La práctica del Alterum non laedere. Qui di seguito  è  consultabile il testo  dell’intervento. Seguono inoltre un riepilogo e una nota critica di Pablo A. Rapetti.


Resumen. El autor argumenta en favor de la concreta existencia, jurídicamente normada, de un genuino deber genérico de no dañar a terceros en la generalidad de los ordenamientos jurídicos occidentales contemporáneos. Su contribución tiene lugar en el marco de una discusión bastante desarrollada en el campo de la dogmática civilista, donde el debate parece dividido entre quienes afirman la existencia de este deber, y quienes en cambio la niegan, a la vez que le restan a su eventual operatividad cualquier relevancia práctica, argumentando que el derecho de daños funciona exclusivamente orientado a la compensación de pérdidas injustas, sin adoptar ningún carácter específicamente preventivo. El trabajo está articulado de acuerdo al siguiente orden: En primer lugar, se presentan contraargumentos para rechazar los ofrecidos por quienes niegan la existencia de un deber de no dañar. En segundo lugar, se reconstruyen argumentos a favor de la presencia de tal deber de no dañar, pero se detectan críticamente falencias en ellos. En tercer y último término, se ofrece una nueva batería de argumentos para fundamentar de manera más adecuada la existencia y operatividad de un deber de no dañar.


¿Hay un deber genérico de no dañar?
Acerca de La práctica del “alterum non laedere”, de Diego M. Papayannis

Pablo A. Rapetti

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I.
PRESENTACIÓN

En el marco del circuito regular de seminarios del Istituto Tarello per la Filosofia del Diritto de la Università Degli Studi di Genova, el Dr. Diego M. Papayannis, investigador “Juan de la Cierva”, del grupo de filosofía del derecho de la Universitat de Girona y de la Cátedra de Cultura Jurídica de dicha casa de estudios, presentó un trabajo titulado La práctica del alterum non laedere.

La intención de Papayannis pasa por argumentar en favor de la concreta existencia, jurídicamente normada, de un genuino deber genérico de no dañar a terceros [en adelante DND] en la generalidad de los ordenamientos jurídicos occidentales contemporáneos. Su contribución tiene lugar en el marco de una discusión bastante desarrollada en el campo de la dogmática civilista, donde el debate parece dividido entre quienes afirman la existencia de este deber, y quienes en cambio la niegan, a la vez que le restan a su eventual operatividad cualquier relevancia práctica, argumentando que el derecho de daños funciona exclusivamente orientado a la compensación de pérdidas injustas, sin adoptar ningún carácter específicamente preventivo.

La base metodológica asumida está bien explicitada. La investigación pretende ofrecer una interpretación y explicación de los rasgos básicos y distintivos del funcionamiento de la práctica del derecho de daños en los ordenamientos jurídicos occidentales contemporáneos1. En este sentido, se pretende dar cuenta del aspecto interno de las reglas que componen esta rama del derecho y del punto de vista interno de los participantes de la práctica. En particular, Papayannis se muestra interesado en los discursos a su respecto de los juristas dogmáticos. La ascendencia hartiana del proyecto es expresamente señalada. Dado este carácter de la investigación, la capacidad de descripción y explicación de la manera en que normativamente se razona en cuestiones de derecho de daños resulta vital para inclinarse por una de las diversas reconstrucciones posibles (‘lógicamente’, si se quiere) de la práctica en estudio.

El trabajo está articulado de acuerdo al siguiente orden:

En primer lugar, se presentan contraargumentos para rechazar los ofrecidos por quienes niegan la existencia de un DND (1). En segundo lugar, se reconstruyen argumentos a favor de la presencia de tal DND, pero se detectan críticamente falencias en ellos (2). En tercer y último término, se ofrece una nueva batería de argumentos para fundamentar de manera más adecuada la existencia y operatividad de un DND (3).

En esta referencia metodológica, es muy importante mencionar que Papayannis reconoce que aunque para cumplir su propósito ninguno de los argumentos que ofrece puede ser tenido en sí mismo por concluyente, la consideración conjunta de éstos, sumada a la de los problemas detectados en las argumentaciones que previamente analiza, bastan a su entender para abonar razonablemente la tesis general de que en verdad hay un operativo DND.

(1) Los argumentos en contra del DND que se analizan son los siguientes:

1.a- El lenguaje del legislador.

Es poco usual encontrar en las legislaciones vigentes referencias a un DND y, en cambio, es frecuente el establecimiento de deberes compensatorios para daños ya causados.

La crítica de Papayannis a este argumento parte fundamentalmente de una de sus asunciones metodológicas: el contenido del derecho está determinado por la práctica jurídica y ésta excede la mera letra de las leyes. Si los participantes de la práctica de hecho asumen un DND en sus razonamientos normativos, puede que éste sea parte añadida al contenido de las disposiciones legislativas que integran el derecho de daños, al menos en tanto que la razón justificatoria subyacente a dichas disposiciones.

1.b- La inviabilidad de la vida social.

Si rigiera un absoluto DND, la vida en sociedad se tornaría imposible, por lo excesivo de tal restricción en un mundo en que las formas en las que puede ocasionarse perjuicios a terceros son múltiples.

La respuesta de Papayannis a este punto es que, en efecto, no hay un DND en términos absolutos, sino cualificados: no debe dañarse injustamente2. La calificación de un daño como (jurídicamente) injusto depende de la normativa específica que en cada ordenamiento se establezca. En este sentido, las normas vigentes del derecho de daños demarcarán lo que el ordenamiento en cuestión tenga por injusto y, por ende, por objeto de prevención y, subsidiariamente, de compensación. Después de todo -afirma Papayannis- la vida en sociedad, sin ciertas limitaciones, no sería posible.

1.c- El funcionamiento de la maquinaria jurídica oficial.

De haber un DND, la práctica jurídica, al menos desde el punto de vista de los officials fundamentalmente involucrados (esto es, básicamente, los jueces, a la hora de resolver casos entre particulares), no se vería modificada respecto de una cuya descripción no incluyera tal DND. Ello porque la intervención oficial tendría lugar siempre después de producido un daño.

La réplica a este punto consiste en mostrar los variados casos en que el derecho provee formas de actuación específicamente preventivas de daños (como las acciones para obtener el cese de emisiones molestas, la denuncia de daño temido por la ruina de construcciones, etc.). Con ello se apreciaría la posibilidad jurídica de que las autoridades intervengan de manera preventiva de daños y, así, refuercen el correlato del DND por el que se argumenta: un derecho general a no ser dañado injustamente.

(2) Los argumentos con que se intenta defender la operatividad de DND que Papayannis analiza críticamente son los siguientes:

2.a- Normas implícitas.

Desde una postura de fuerte sabor kelseniano, se sostiene que en términos conceptuales puede extraerse un DND de lo dispuesto por las normas positivas. Así, si el de sanción es un concepto primigenio (en el sentido de que sirve para definir a los demás conceptos jurídicos básicos), puede decirse que en la medida en que el deber de indemnizar que contemplan las normas legisladas configure una sanción, el antecedente de éste, es decir, la causación de un daño, constituirá un ilícito. Y la conducta contraria a un ilícito es un deber; en este caso, el DND.

La respuesta a este argumento es que tergiversa el concepto de sanción, en la medida en que la responsabilidad indemnizatoria no parece implicar necesariamente la privación coactiva de un bien, que sería una característica definitoria de la comprensión básica de la sanción. Incluso si se replicara a esto que la falta de indemnización activaría una privación coactiva tal, una nueva respuesta habría disponible: ello sólo mostraría que el ilícito sería dañar y no indemnizar, y el correspondiente deber no sería simplemente el DND, sino el más complejo deber de no dañar o indemnizar, esto es, una obligación alternativa (o no dañar, o dañar pero pagar una indemnización). Ello desvirtuaría la pretensión de fundar un genuino DND que sea conceptual y/o normativamente anterior al de compensar los daños causados, pues la víctima ya no tendría un derecho correlativo a no ser dañada: en su caso habría derecho a la alternativa entre no ser dañado o recibir reparación por el daño sufrido.

2.b- La ininteligibilidad de la práctica.

Nuevamente bajo la influencia de la reconstrucción kelseniana de los conceptos jurídicos básicos, podría afirmarse que las relaciones conceptuales entre las nociones de sanción, deber y obligación, hacen imposible entender el establecimiento de deberes compensatorios que no supongan el deber de no realizar la conducta (ilícita, por definición) que los activaría. Como se ve, el argumento es sustancialmente análogo al anterior: dado que se asocia una sanción S a la conducta (por ello ilícita) A3, debe ser no-A.

Una nueva respuesta a este argumento, entonces4, consiste en mostrar que el derecho suele establecer sanciones5 para conductas que no son ilícitas, como las causadas en el llamado estado de necesidad, que suele ser entendido como una causal de justificación, la que a su turno es caracterizada como excluyente de la ilicitud de la conducta que justifica. A la par de ello, no toda infracción a un deber es conceptualmente ilícita en el sentido de que genere la posibilidad fáctica (incluso, si se quiere, aunque ésta sea de alta probabilidad) de generar una sanción. Tampoco habría una relación causal entre el incumplimiento y la posibilidad de recibir una sanción; la relación sería más bien de tipo justificatorio.

Por supuesto, esta respuesta depende de la asunción metodológica según la cual se intenta dotar de sentido, en la medida de lo posible, a la forma en que los participantes de la práctica ven al derecho de daños y se involucran en él. Es a partir de esta línea que tiene sentido cuestionar la plausibilidad del análisis de corte kelseniano no sólo en una lectura descriptivo-explicativa, sino también si en cambio éste es entendido como estipulativo.

De esta respuesta además se desprenden dos puntos importantes del trabajo de Papayannis:

  1. hace uso de las críticas al aparataje teórico kelseniano que realizara Hart (y de las variantes ofrecidas por el autor inglés: «lo central de una regla de obligación» -dice Papayannis- «es que ofrece un estándar de comportamiento general que funciona como una guía de conducta para los ciudadanos»);
  2. la distinción bipartita clásicamente adoptada por los dogmáticos civilistas entre acciones (actos, conductas) lícitas e ilícitas, se ve complementada por una tercera categoría: las acciones justificadas. De acuerdo con esto, las acciones justificadas son irreductibles a las otras dos categorías, es decir, no son ni lícitas ni ilícitas. Y es posible que el ordenamiento jurídico requiera la compensación de lo que puede denominarse el ‘residuo’ de lo ocurrido: un daño no-injusto. La simple calificación de este tipo de acciones como lícitas podría hacer perder de vista este hecho y de allí la utilidad explicativa de esta categoría, autónomamente considerada6.

(3) Los argumentos positivos para la afirmación de un DND ofrecidos por Papayannis son los siguientes:

3.a- El mundo normativamente ideal.

Asumida la existencia de un DND, un mundo en el que no se produzcan daños sería normativamente ideal, mientras que uno en el que sí han acaecido sería normativamente defectuoso, por así decirlo. No asumido el DND, debe admitirse que un mundo en el que no se cometen daños y uno en el que se los comete pero son resarcidos, son normativamente equivalentes. Esto parece contraintuitivo. La práctica muestra que la comisión de un daño injusto suele ameritar críticas y reproches en sí misma, más allá del eventual resarcimiento que desencadene (que, de no darse, regularmente supondrá críticas adicionales). La no consideración de un DND nos prevendría de poder dar buena cuenta de los reproches, críticas y evaluaciones negativas generadas por la comisión misma de un daño injusto.

3.b- El refuerzo del derecho penal.

Muchos casos de causación de un daño son objeto de tutela penal, en el sentido de que el derecho impone penas por ellos. Desde la óptica del derecho civil podría apreciarse este fenómeno como que el derecho penal así refuerza el DND. La previsión de un castigo penal para ciertas conductas dañosas parece militar en contra de la consideración de éstas como facultativas para los agentes. Y habría cierta incoherencia en la afirmación de que uno puede alternativamente no dañar o dañar e indemnizar, si la indemnización de todos modos va seguida de una pena.

3.c- Derecho de daños y prevención.

Como se indicó más arriba, el derecho de daños no operaría solamente en sede compensatoria, sino que dispone (y cada vez más) de normativa e instrumentos de carácter preventivo, destinados a la evitación de daños.

3.d- Las razones subyacentes al deber de diligencia.

Papayannis toma parte del aparataje teórico desarrollado por Joseph Raz, quien analiza el concepto de deber en términos de razones para la acción. De acuerdo con esto, que una persona X tenga el deber de hacer Ø significa i) que X tiene una razón de primer orden para hacer Ø, que no depende de sus propios deseos, intereses u objetivos; y ii) que X tiene una razón de segundo orden para no actuar sobre la base de al menos algunas otras razones que recomienden omitir Ø. En esto consiste que X tenga una razón protegida para hacer Ø.

Este tipo de análisis, aplicado al deber de diligencia, que parece un elemento ampliamente compartido por los ordenamientos jurídicos contemporáneos de occidente, establecería que un agente sujeto a este deber tiene una razón de primer orden para tomar precauciones y una de segundo orden para no actuar sobre la base de otras razones que vayan en contra de la adopción de tales medidas precautorias. Así, el agente tiene que obrar con miras a que el daño no se produzca, lo que significa actuar por la razón de que la propia acción contribuye a que el daño no tenga lugar. Según Papayannis, el deber de diligencia actúa así reforzando las razones que independientemente el agente tenga para evitar dañar. Desde el punto de vista de la configuración normativa del derecho de daños, entonces, puede decirse que si hay establecido un deber de diligencia (para no dañar), es porque el sistema tiene entre sus razones justificatorias subyacentes la de evitar, por disvalioso, el daño injusto a terceros.

De algún modo podría decirse que este argumento es una contracara de la respuesta al argumento del lenguaje del legislador (que negaba la existencia de un DND por falta de menciones legislativas expresas): la respuesta era que de la falta de menciones explícitas no se seguía la imposibilidad de que los participantes de la práctica del derecho de daños doten de contenido a un deber tal. Este nuevo argumento, por su lado, se dirigiría a mostrar positivamente que incluso desde el punto de vista de la configuración normativa básica (externa a los razonamientos normativos de los participantes, podríamos decir), hay motivos para sostener que un DND juega un rol, al menos justificatorio, importante.

 

II.
DISCUSIÓN

Luego de una solvente presentación de sus argumentos, Papayannis pasó a responder a una serie de preguntas, observaciones y críticas. En lo que sigue mencionaré las más destacadas de dichas observaciones. Para ello distinguiré, algo laxamente, entre críticas internas y externas, considerando, respectivamente, a las que suponen asumir la estrategia metodológica propuesta por Papayannis, y a las que no la asumen y/o ponen en crisis esos mismos presupuestos. Vale apuntar desde ahora que, luego de breves comentarios sobre la posible reconstrucción de un DND desde el punto de vista de la teoría pura de Kelsen, el grueso de las observaciones y comentarios apuntaron a los cuatro argumentos positivos ofrecidos en el trabajo en discusión.

 

Críticas internas

Con carácter general, puede decirse que la pretensión del trabajo es ambiciosa, en la medida en que una cosa es hallar razones para concluir que puede establecerse un ‘DND’ en tanto dispositivo heurístico, instrumento interpretativo de la práctica del derecho de daños, y otra -más exigente- es concluir que un tal deber es parte efectivamente integrante del complejo normativo que compone dicha práctica.

Por otro lado, puede cuestionarse la coherencia con el cariz específicamente hartiano de la metodología que se afirma adoptada, en el sentido de que es dudoso que en el trabajo se busque (al menos, siempre) la exposición y explicación del punto de vista interno de los participantes. Por momentos, tal vez, se haga presente una metodología más bien tributaria de la propuesta de Ronald Dworkin, en tanto pareciera buscarse la interpretación de la práctica en su mejor versión posible (‘a su mejor luz’, según el clásico dictum del autor estadounidense), incluso por fuera del intento de atenerse a una visión estándar intuitivamente atribuible a un participante promedio de la práctica del derecho de daños.

En concreto respecto de los argumentos ofrecidos por Papayannis, puede observarse:

a) Parece dudoso que los escenarios presentados como normativamente ideales/defectuosos ameriten tales calificaciones, por cuanto están construidos y evaluados en base a consideraciones empíricas. Así, asumiendo un DND, se presenta como normativamente ideal un mundo en el que no se produzcan daños y no asumiéndolo, no7. En este sentido, sostener que esta modelización contribuya a reforzar la existencia de un genuino deber tal parece más bien una petición de principio. En adición a ello, parecería conveniente demostrar que empíricamente se lo asume, con algo más tangible que la sola apelación a intuiciones.

b) En una línea similar a la del contraargumento anterior, podría sostenerse que la presentación del derecho penal como refuerzo de un DND que impida la consideración de una mera obligación alternativa entre no dañar y dañar y compensar (sin prevalencia de una sobre la otra) incurre también en una petición de principio, en la medida en que parece asumir que no hay discusión de que el derecho penal sí presupone y concretiza un DND al castigar conductas dañosas. Uno, en cambio, podría pretender el mismo tipo de negación de un deber semejante para esta otra esfera jurídica, reconstruyendo las normas penales, por ejemplo, à la Kelsen (como dirigidas al juez y no al ciudadano), o bien como meras reglas técnicas, que simplemente establecen que si uno quiere abstenerse de recibir una sanción, debe abstenerse consiguientemente de realizar la conducta que puede provocarla. Bajo estas reconstrucciones, el derecho penal funcionaría de manera análoga a la propuesta por la óptica civilista que Papayannis ataca en su trabajo: las personas tienen una obligación meramente alternativa entre no delinquir, o delinquir y afrontar una sanción, sin prevalencia normativa de una opción sobre la otra.

c) Una crítica que de cierta forma se dirige a la consideración conjunta de los argumentos b y c ofrecidos por Papayannis consiste en sostener que las medidas de prevención establecidas por el derecho de daños (y por otras esferas de lo jurídico, de las que las sanciones penales podrían ser un caso) sólo muestran que para esos casos puntuales en que hay previstas medidas preventivas rige un DND. En este sentido, la crítica implica el reconocimiento de un DND, pero con un alcance y generalidad ciertamente inferior al defendido por Papayannis: el deber consistiría en abstenerse de esas concretas acciones potencialmente dañosas que pueden ser jurídicamente impedidas, no en abstenerse (siquiera en principio) de toda acción dañosa.

d) La búsqueda de apoyo en el aparataje conceptual elaborado por Raz puede resultar un arma de doble filo para el objetivo buscado en el trabajo en análisis.

Un primer argumento en este sentido sería el siguiente. Papayannis asume que el deber de diligencia supone que existen razones para no dañar (sosteniendo que las razones para intentar algo presuponen razones para logarlo). Pero también reconoce que sería falaz derivar el deber de no dañar a partir de un deber de diligencia: ello implicaría afirmar no sólo que las razones para intentar tienen sentido a la luz de las razones para lograr, sino que la protección, la razón excluyente que está en el deber de diligencia, debe presuponer una protección también de las razones para lograr no dañar. Y no puede afirmarse esto dentro del esquema raziano. El problema, entonces, es que Papayannis está implícitamente reconociendo que no existiría, en los términos de Raz, un deber de no dañar (porque le falta la protección a la razón primaria).

Otro argumento en esta línea es que el concepto de regla que maneja Raz supone la exclusión, del ámbito del razonamiento práctico (esto es, del balance de razones para la acción), de las razones justificatorias subyacentes a las reglas mismas. Las reglas, para Raz, nos vuelven ‘opacas’ dichas razones subyacentes, para que podamos actuar directamente sobre la base del contenido reglado, y sin sopesar dichas razones con otras potencialmente relevantes. El argumento de Papayannis quizás conseguiría mostrar que el DND es una razón subyacente al aparentemente no tan controvertido deber de diligencia, pero eso (al menos en los términos razianos) no sólo no alcanza para mostrar que el DND sea una regla del derecho de daños, sino que hasta podría implicar lo opuesto, al hacerlo caer en la esfera de opacidad de las razones subyacentes que el derecho -precisamente- pretendería excluir de los razonamientos normativos de los agentes.

 

Críticas externas

Con carácter general, es destacable que desde una óptica ya no interpretativa, sino estrictamente encaminada a reconstruir racionalmente los contenidos normativos de la práctica en estudio, debe afirmarse que las obligaciones que resultan de normas positivas como la que exige la indemnización de los daños causados injustamente, son en efecto alternativas: o bien no dañar, o bien dañar e indemnizar. Todo condicional supone lógicamente una disyunción de alternativas. La prevalencia de una opción por sobre la otra parece, en la medida en que no se la establezca de un modo concreto (positivo), sólo de tipo [extrajurídicamente]axiológico.

En cuanto a los argumentos puntuales ofrecidos por Papayannis, pueden formularse las siguientes observaciones:

a) Podría ser defendido un estándar (si se quiere, ‘puramente normativo’, en el sentido de indiferente a las que se presentan como preferencias de hecho que Papayannis releva para conformar sus modelos) según el cual un valor como, por ejemplo, la eficiencia, justifique la adopción de un sistema en el que no rige un DND, sino que acepta abierta y explícitamente la vigencia de la alternativa, en igualdad de condiciones, entre la conducta no dañosa y la dañosa resarcitoria.

De manera análoga, aunque en el trabajo bajo análisis se sugiere que hay una fuerte asociación entre el DND y el respeto por el valor de la autonomía personal, uno podría preguntarse si desde el punto de vista valorativo no será, en principio, igual o aun más favorable para la autonomía la no existencia de semejante deber, desde el momento en que prima facie parece que habrán menos restricciones a las posibilidades de actuación personal. La respuesta, entonces, podría requerir, al menos, una descripción e interpretación de los hechos relevantes (las conductas de los agentes tal como se dan en la realidad) más detallada y minuciosa que la ofrecida en la investigación.

b) Desde una perspectiva penalista, podría argüirse que en todo caso -y a la inversa de lo defendido en este trabajo- es el derecho civil el que refuerza al penal respecto del DND, y posiblemente se requeriría una modificación o complemento de la teoría para acomodar(se a) este factor.

Dos objeciones externas adicionales, no enfocadas específicamente a ninguno de los argumentos positivos que Papayannis articula, tienen que ver con la necesidad de mayor desarrollo de un tándem de nociones manejadas ampliamente en el trabajo. Por un lado, la noción de daño, dado que para diversos supuestos puede plantearse genuinamente la cuestión de cuál se configura de entre -al menos- las siguientes alternativas:

  • Daño injusto resarcible
  • Daño injusto no resarcible
  • Daño no injusto resarcible
  • Daño no injusto no resarcible
  • Acción no dañosa resarcible
  • Acción no dañosa no resarcible8

La otra noción que tal vez requiera una mayor elaboración podría ser la de compensación (indemnización, resarcimiento, etc.), por cuanto podría discutirse que el trabajo asume una concepción demasiado estrecha o restringida de ésta. En efecto, parece darse por sentado que toda compensación será fundamentalmente i) monetaria y ii) dirigida a la víctima del daño. Esto le permite a Papayannis, por ejemplo, articular su argumento sobre el refuerzo del derecho penal. Sin embargo, con sólo la ampliación de la noción de compensación para que incluya formas no monetarias (por ejemplo, el cumplimiento de un lapso en prisión9) y destinatarios distintos de la propia víctima (por caso, la sociedad en su conjunto), esta estrategia se dificultaría, y la tesis de la no existencia de un DND recuperaría algo de plausibilidad.

Por supuesto, las observaciones recibieron finas y sustanciosas respuestas por parte del ponente. No obstante, terminaré aquí la referencia del seminario para facilitarle al lector la elaboración de su propio balance de la discusión.

 

Notas

1Por razones de brevedad omitiré esta contextualización en lo sucesivo, pero debe tenérsela presente.

2También omitiré en lo sucesivo la mención de esta cualificación, mas sólo por exclusivas razones de brevedad expositiva.

3En este caso, S=deber de compensar, y A=causación de un daño.

4Y, en este sentido, dejando de lado la respuesta relativa a la caracterización del concepto de sanción.

5Al menos en un uso no-central de ‘sanciones’, de acuerdo a lo aclarado en la nota anterior.

6En rigor, debería referirse una cuarta categoría, la de acciones no-justificadas, pero es plausible sostener que ésta no tendría consecuencias prácticas diferentes de las de alguna de las tres anteriores.

7En su lugar, sería igualmente óptimo el que no se produzcan daños como el que todo daño que se produzca sea debida y diligentemente compensado.

8Sean D=daño, I=carácter de injusto, y R=resarcibilidad; el conjunto C de las opciones posibles, asumiendo en este contexto que no hay acción no dañosa normativamente injusta, sería el siguiente:

C = {(+D+I+R); (+D-I+R); (+D+I-R); (+D-I-R); (-D-I+R); (-D-I-R)}

9Téngase además en cuenta que un tipo clásico de pena, la multa, es también de carácter monetario.

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